Advierten artículo 310 del Código Penal podría afectar el periodismo en el país

 La Vega.- La Unión Nacional de los Trabajadores de la Comunicación Social (UNTc) felicitó al Congreso Nacional y al presidente Luis Abinader por la aprobación del Código Penal y advirtió que el artículo 310 podría afectar el desarrollo del periodismo en el país.

Juan Francisco Morel Molina, dirigente nacional de la UNTC, dijo que el referido artículo introduce la figura del “ultraje”, estableciendo sanciones de prisión de quince días a un año y multas de hasta tres veces el salario de la supuesta víctima contra quienes pronuncien palabras, realicen gestos o envíen escritos o imágenes que sean considerados contrarios a la dignidad de un funcionario o servidor público.

El texto precisa que el ultraje puede producirse incluso “de modo no público”, lo que implica que expresiones privadas también podrían ser penalizadas.

Para la UNTC, esta disposición abre la puerta a la persecución judicial contra periodistas y comunicadores que denuncien actos de corrupción, abusos de poder, vínculos con el narcotráfico, desvío de fondos o cualquier otro hecho delictivo protagonizado por servidores públicos.

“Sutilmente, se está afirmando que un periodista responsable, apegado a la verdad, puede ser llevado a la cárcel por el simple hecho de denunciar a un funcionario corrupto”, señaló Morel Molina.

La organización recordó que el artículo 49 de la Constitución Dominicana consagra el derecho a la libertad de expresión, garantizando la emisión libre de ideas, pensamientos y opiniones sin censura previa. A esto se suma la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que protege este derecho y establece límites solo para resguardar el honor y la dignidad de las personas, sin convertirlo en un escudo absoluto para los funcionarios.

“En una democracia sana, la prensa no puede ser amordazada. Este artículo, aunque pueda tener buenas intenciones, es un peligroso retroceso que amenaza con silenciar la voz que fiscaliza el poder”, advirtió la UNTC.

El gremio llamó a legisladores, juristas y sociedad civil a abrir un debate nacional para modificar o eliminar esta disposición antes de su entrada en vigor, a fin de garantizar que el nuevo Código Penal no se convierta en un instrumento de censura contra el periodismo y la libertad de expresión en la República Dominicana.