Santo Domingo.- El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este lunes que establecer una cultura de acuerdos en procesos judiciales en la República Dominicana no es una opción, sino una necesidad para garantizar la viabilidad de la justicia penal.
Camacho explicó que en un sistema adversarial los acuerdos entre las partes constituyen una herramienta fundamental para su funcionamiento.
“Un sistema adversarial no es viable sin acuerdos y no se puede perseguir el crimen organizado de forma efectiva sin ellos”, expresó el procurador en su cuenta de X.
No obstante, puntualizó que estos mecanismos solo aumentarán cuando representen una alternativa más eficiente y beneficiosa que acudir a juicio o prolongar los litigios.
Sus declaraciones se producen en un contexto de preocupación por la congestión del sistema judicial, tema que también abordó el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina.
Molina sostuvo que no es posible resolver todos los casos penales del país mediante juicios de fondo. “Si no se producen los acuerdos… el sistema no va a colapsar, ya colapsó”, advirtió, al referirse a la sobrecarga que afecta a los tribunales.
El magistrado sugirió que la República Dominicana tome como referencia modelos de países desarrollados, como Estados Unidos, donde los casos penales se resuelven a través de acuerdos entre las partes.
“Esta conciencia tenemos que tenerla no solo para los casos mediáticos, sino para cada caso del país. Entonces, de esa manera vamos a ver transformaciones importantes”, precisó Molina.
Ambos funcionarios coincidieron en que fortalecer la práctica de acuerdos permitiría agilizar los procesos, optimizar recursos y concentrar los esfuerzos judiciales en los casos de mayor complejidad, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado.
En ese sentido, insistieron en que la solución no puede seguir centrada exclusivamente en la celebración de juicios de fondo para cada proceso penal, sino en promover mecanismos alternos que permitan una gestión más eficiente, estratégica y sostenible del sistema de justicia.
Por su parte, Henry Molina se expresó en estos términos al al encabezar un diálogo con diversos sectores de la sociedad en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, donde abordó la situación del sistema penal dominicano y la necesidad urgente de fortalecer la cultura de acuerdos.
Abogados opinan
El sistema judicial dominicano enfrenta un colapso estructural debido a la falta de presupuesto, la insuficiencia de tribunales y el aumento de la carga procesal, coincidieron los juristas Carlos Balcácer y Pedro Germán, al respaldar las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
Señalaron que el incumplimiento del mandato constitucional de asignar el 10 % del presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público limita la creación de nuevos tribunales y la mejora del sistema.
También advirtieron que, aunque se han intentado agilizar procesos, en algunos casos esto ha derivado en vulneraciones de derechos y anulaciones de sentencias por el Tribunal Constitucional.
Ambos juristas coincidieron en que la precariedad laboral, la falta de recursos y la complejidad de los casos, especialmente los de corrupción y crimen organizado, seguirán provocando la congestión judicial mientras no se fortalezca el financiamiento del sistema.
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