Santo Domingo.- El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, arremetió contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificando de «ilegal, despótica y abusiva» la intención de reducir nuevamente a la mitad la asignación presupuestaria destinada a las organizaciones políticas para el año 2026.
A través de un reciente artículo de opinión, Fernández respaldó la postura de la Junta Central Electoral (JCE), que advirtió que dicho recorte impactaría negativamente en la integridad electoral y la equidad de la contienda. Según el exmandatario, esta medida no solo vulnera la ley, sino que representa un atentado directo contra el sistema de partidos, columna vertebral de la estabilidad democrática del país.
Fernández recordó que esta práctica de reducir fondos no es nueva, señalando que desde el año 2021 el gobierno ha utilizado el mismo esquema. En aquel entonces, el argumento para el recorte fue la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.
«Casi seis años después, con recursos sobrantes disponibles, la pregunta sería: ¿Dónde está la construcción de la UASD? ¿A qué nivel se encuentra?», cuestionó Fernández, señalando que la obra avanza a «paso de cortejo fúnebre».
El líder opositor denunció que, a pesar de las promesas de rectificación en años anteriores, el gobierno se ha «apropiado de manera ilegal» de recursos multimillonarios durante cinco años consecutivos, sin que exista una rendición de cuentas clara sobre el destino real de esos fondos sustraídos a los partidos.
Para el exmandatario, resulta contradictorio que mientras se asfixia financieramente a las organizaciones políticas, el oficialismo supuestamente incremente el gasto corriente y la nómina pública con fines clientelistas.
Finalmente, Fernández felicitó a la Junta Central Electoral por defender la «certidumbre y seguridad jurídica» del sistema electoral. Expresó su esperanza de que, ante la presión de la autoridad electoral y la opinión pública, el Poder Ejecutivo no repita lo que denominó como «truculencias del pasado» y respete la institucionalidad democrática que ha permitido al país progresar sin recurrir a la violencia política.
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