Santo Domingo.- El abogado constitucionalista Julio Cury advirtió este lunes que el nuevo Código Penal contiene graves deficiencias de técnica legislativa que, de entrar en vigencia como está aprobado, generarían una profunda inseguridad jurídica y abrirían la puerta a actuaciones arbitrarias por parte del Ministerio Público y los tribunales.
Durante una entrevista, Cury sostuvo que el Código Penal es la norma más importante del ordenamiento jurídico después de la Constitución, por ser el instrumento que establece los límites del poder punitivo del Estado y protege la libertad de los ciudadanos.
En ese sentido, afirmó que la técnica legislativa empleada en la redacción del nuevo texto «no es defectuosa, sino pésima», al señalar que numerosos tipos penales contienen oraciones excesivamente largas y ambiguas, lo que dificulta determinar con precisión cuál es la conducta sancionada.
El jurista recordó que el propio principio de legalidad exige que toda conducta penal esté descrita de manera precisa e inequívoca, requisito que, según dijo, no se cumple en múltiples disposiciones del nuevo Código.
Como ejemplo, citó el artículo que sanciona a funcionarios y particulares por celebrar contratos que incumplan «requisitos legales esenciales», al considerar que el Código nunca define qué debe entenderse por esos requisitos, dejando ese concepto abierto a la interpretación del Ministerio Público.
A su juicio, esa imprecisión permitiría que cualquier funcionario o proveedor del Estado pudiera ser sometido a la justicia por criterios discrecionales.
«Eso es una locura, una comiquería peligrosa«, expresó.
Otra de sus principales críticas se centró en la tipificación de la corrupción pública y el enriquecimiento ilícito.
Sobre el primer punto, sostuvo que el Código prácticamente reproduce el artículo 146 de la Constitución, pero lo convierte en un tipo penal sin delimitar claramente cuándo un funcionario obtiene un beneficio económico de manera ilegal.
Respecto al enriquecimiento ilícito, aseguró que el texto invierte la carga de la prueba al establecer que un funcionario que no pueda justificar el origen de su patrimonio será considerado autor del delito, lo que, según afirmó, vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia al trasladar al acusado la obligación de demostrar su inocencia.
El abogado también cuestionó el papel que, a su entender, desempeñó el Ministerio Público durante la elaboración del Código.
Afirmó que gran parte del contenido responde a los intereses del órgano persecutor y consideró que el Congreso renunció a su función deliberativa al aprobar un texto que calificó como «un papel carbón del Ministerio Público«.
Incluso aseguró que el presidente Luis Abinader fue «engañado» respecto al contenido de la pieza legislativa y reveló que en dos ocasiones le recomendó crear una comisión independiente integrada por especialistas en Derecho Penal, Constitucional y Derecho Público para revisar artículo por artículo la constitucionalidad del Código.
Cury también rechazó el incremento de las penas acumuladas hasta 60 años de prisión.
Afirmó que ese modelo responde a una visión excesivamente punitiva que no reducirá la criminalidad y que contradice los principios constitucionales de humanidad y proporcionalidad de las penas.
Según explicó, una persona condenada a cumplir seis décadas de prisión difícilmente podrá cumplir el objetivo constitucional de reinserción social.
«Si ese es el criterio, entonces mejor establezcamos la pena de muerte», manifestó al considerar que mantener a una persona encarcelada durante tanto tiempo tampoco representa una solución al problema de la delincuencia.
El abogado sostuvo, además, que el Código concede demasiada discrecionalidad a fiscales y jueces para interpretar figuras penales poco definidas, situación que, según dijo, provocará una ola de incidentes de inconstitucionalidad en los tribunales.
En ese contexto, lanzóuna de sus advertencias más severas.
«A partir de la entrada en vigor de este Código Penal nos convertiremos en un Estado constitucional de terror«, expresó, al entender que la incertidumbre jurídica afectará tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos.
Durante el mismo debate, el exdefensor público César Alcántara respaldó parte de esos señalamientos al indicar que el Código presenta errores de sintaxis en gran cantidad de artículos, problemas de técnica legislativa y disposiciones cuya redacción altera el verdadero alcance de las normas.
Asimismo, señaló que existen artículos que incluso contemplan penas de prisión para personas jurídicas, así como otras disposiciones que, a su juicio, vulneran el principio de proporcionalidad y podrían ser declaradas inconstitucionales.
Finalmente, Cury insistió en que el Congreso debió prolongar la vacatio legis para realizar una revisión integral del Código antes de su entrada en vigencia y manifestó que aún espera que el Tribunal Constitucional pueda intervenir respecto al procedimiento seguido para su aprobación.
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