Santo Domingo.- El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, pidió este lunes que la investigación sobre el denominado caso Senasa 2.0 alcance a las personas que las pruebas identifiquen como organizadores, facilitadores y principales beneficiarios de las presuntas irregularidades.
“Esto es gravísimo; el pueblo quiere los peces gordos. Hay que seguir la ruta del dinero y esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y se beneficiaron. La ciudadanía merece una investigación completa, capaz de establecer responsabilidades en todos los niveles, sin que el poder económico, el cargo o las relaciones personales se conviertan en protección”, expresó Ulloa mediante un comunicado.
Ulloa recordó que el artículo 69 de la Constitución establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que incluye la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la intervención de una jurisdicción competente, independiente e imparcial.
Afirmó que estas garantías deben ser respetadas desde el inicio de la investigación y durante las distintas etapas del proceso judicial.
“La Constitución obliga al Estado precisamente cuando ejerce su poder de investigar, detener y juzgar. Cada persona debe responder por hechos que puedan atribuírsele mediante pruebas obtenidas legalmente, con oportunidad de defenderse y controvertirlas. La firmeza de la justicia se sostiene en el respeto a esas garantías”, manifestó.
El Defensor del Pueblo sostuvo que las medidas de coerción deben ser necesarias, proporcionales y sustentadas en las circunstancias particulares de cada imputado.
Explicó que la ausencia de un hecho de sangre no excluye por sí sola la prisión preventiva, pero que la gravedad de las imputaciones tampoco implica que esta deba imponerse de manera automática.
“El peligro de fuga debe sustentarse en elementos concretos. Corresponde al tribunal valorar los riesgos procesales acreditados y explicar por qué la medida escogida resulta indispensable. Si el impedimento de salida, la presentación periódica u otras medidas previstas por la ley permiten asegurar los fines del proceso, deben ponderarse. La prisión preventiva es excepcional y no puede utilizarse como castigo anticipado”, señaló.
Ulloa también exhortó al Ministerio Público a profundizar la investigación financiera, procurar la recuperación de los recursos que se demuestre que fueron sustraídos y determinar los mecanismos que habrían permitido las presuntas irregularidades.
Asimismo, llamó a garantizar la continuidad de los servicios para los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
“Detrás de los recursos de la salud hay una persona esperando una consulta, un medicamento o un tratamiento. El país merece conocer la verdad, recuperar su dinero y obtener justicia frente a toda responsabilidad comprobada. Un Estado que funciona para la gente protege la salud, persigue la corrupción y respeta la Constitución en cada una de sus actuaciones”, concluyó.
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