Oviedo Pedernales,RD.- Decenas de empleados, familiares, autoridades y miembros de la comunidad de Oviedo marcharon en protesta por el cierre de la empresa BG Investment Group, dispuesto por la Dirección General de Aduanas (DGA), medida que, según los manifestantes, ha paralizado las operaciones de la compañía y pone en riesgo unos 85 empleos directos.
La empresa ha denunciado un supuesto trato desigual por parte de la DGA y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que las acciones de la institución han afectado sus operaciones y la estabilidad laboral de sus empleados.
Aporta en el deporte, salud y cualquier situación de la comunidad, aseguran que todo el pueblo de Oviedo se beneficia de esa zona franca.
Rafael Pérez Matos, presidente Asociación de productores de plátanos de Oviedo, dijo que la miseria, el hambre y la necesidad, se han apoderado del pueblo, debido al cierre de la empresa, la única con que cuenta en la comunidad.
De su lado el alcalde de Oviedo, advirtió que la situación era preocupante, porque BG Investment GROUP es la mano amiga de la comunidad, “la única ayuda que recibe el ayuntamiento pobre de Oviedo, la otorga esta empresa, tenemos hombres y mujeres con deseos de trabajo, no solo le hacemos un llamado a Nelson Arroyo, sino también al presidente de la República, que piensen en nosotros, que aquí hay hombres y mujeres que con lo que ganan aquí mantienen a su familia y otros estudian. Hagan lo que tienen que hacer para que la empresa pueda operar nuevamente”, apuntò.
BG Investment Group, empresa dedicada al reciclaje y clasificación de textiles usados, desde el 2008 denunció un presunto trato desigual por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), que, según afirman, ha provocado la paralización de sus operaciones y pone en riesgo 85 empleos directos y más de 250 indirectos.
La empresa, única en su especie, en el municipio de Oviedo, asegura que opera bajo el régimen de desarrollo fronterizo, con la clasificación número 127-184-08, cuyo certificado permanece vigente hasta 2028.
BG Investment Group afirma, haber pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales y que las verificaciones realizadas no determinaron contrabando ni irregularidades. Sin embargo, denuncia la retención de nueve contenedores y cuestiona cambios en la valoración de sus mercancías, sin una explicación técnica que, según plantean, justifique los nuevos criterios.
La compañía, llevó el conflicto ante el Tribunal Constitucional, alegando afectación a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de empresa, además del cumplimiento del marco legal de desarrollo fronterizo.
BG Investment Group, dice que no solicita privilegios ni pretende evadir impuestos, sino que se respeten las condiciones de su certificación, se emitan decisiones administrativas debidamente motivadas y se le permita continuar operando mientras se resuelve la controversia.
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