Abogado advierte posibles implicaciones locales tras cierre provisional de la DEA en RD

 Santo Domingo.- El abogado Manuel Sierra afirmó este viernes que el cierre provisional de la oficina de la DEA en República Dominicana podría estar relacionado con una cadena de irregularidades más amplia que incluiría denuncias previas desatendidas y decisiones cuestionadas en torno al manejo de visados y operaciones antidrogas.

 Sierra sostuvo que la investigación anunciada por autoridades estadounidenses sobre el uso irregular de visas para supuestos testigos confidenciales debe analizarse en el contexto de hechos ocurridos a finales del año pasado y principios de este, incluyendo la cancelación de visados a oficiales dominicanos vinculados históricamente a agencias de persecución del narcotráfico.

El jurista indicó que algunos de esos oficiales habrían presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República sobre presuntas prácticas irregulares, sin que estas recibieran seguimiento. A su juicio, ese antecedente podría guardar relación con la situación actual y con la investigación que mantiene detenida a una figura vinculada a la agencia estadounidense.

Llamado

Sierra también llamó la atención sobre operaciones antidrogas recientes en el país que, según afirmó, deberían ser revisadas para esclarecer posibles inconsistencias y responsabilidades, al advertir que una sola persona no podría sostener por sí misma un esquema de corrupción de esa magnitud.

El abogado consideró que el primer mensaje ofrecido por la embajadora estadounidense sobre el caso pudo haber sido el más cercano a la realidad de lo ocurrido, y anticipó que en los próximos días podrían producirse nuevas revelaciones y decisiones que impacten a actores institucionales vinculados al tema.

Contexto

El cierre provisional de la oficina de la DEA en Santo Domingo se produce en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el programa de visados para testigos confidenciales, un hecho que ha generado amplio debate público y atención en los sectores político, judicial y de seguridad del país.