Organizaciones ambientales denuncian peligro para áreas protegidas en Parque Nacional Jaragua

 Santo Domingo.- Representantes de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, el Grupo Jaragua y la Fundación para el Derecho, Defensa y Educación Ambiental acudieron a la Procuraduría General de la República para denunciar lo que califican como un despojo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tras una decisión de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que afecta el Parque Nacional Jaragua, en Pedernales.

Nelson Pimentel, vocero del encuentro, explicó que solicitaron a la Procuraduría que adopte todas las medidas legales y procesales para enfrentar las acciones que se derivan de lo que definió como una sentencia ilegal y perjudicial para el patrimonio ambiental del país.

Según Pimentel, la magistrada les ratificó su compromiso con el sector medioambiental y aseguró que la Procuraduría tomará previsiones para que de esa decisión se deriven consecuencias penales.

“Nos dijo que la Procuraduría actuará para que se establezcan responsabilidades por este tipo de acciones”, señaló.

Por su parte, Ivón Arias, del Grupo Jaragua, advirtió que la decisión del TSA otorga visos de legalidad a una presunta mafia enquistada en todo el país para despojar al Estado de áreas protegidas.

“Debe haber consecuencias por el robo del patrimonio nacional, que es de todos y no puede ser entregado a intereses particulares”, afirmó.

Las organizaciones también solicitaron al Tribunal Constitucional, amparado en la Constitución de la República, que revoque la sentencia del TSA, por considerar que lesiona el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Parque Nacional Jaragua.

Pimentel calificó la decisión como “una aberración jurídica” y sostuvo que sienta un precedente funesto, al basarse en una interpretación incorrecta de una norma que no puede imponerse sobre leyes sectoriales como la Ley 202-04 y la Ley 64-00, ni sobre principios constitucionales.

El Ministerio de Medio Ambiente y diversas organizaciones han recurrido la sentencia del TSA, la cual ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua para reconocer propiedad privada y permitir desarrollo turístico. La decisión excluye alrededor de 10 millones de metros cuadrados.

La sentencia ha provocado un amplio rechazo del movimiento ambientalista, que denuncia que el fallo está plagado de vicios e incongruencias, al ordenar al Ministerio de Medio Ambiente excluir del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) extensas áreas mediante designaciones catastrales.